La temporada estival ha dejado patente una vez más un problema estructural que sufren los municipios costeros andaluces: la masificación turística sin una compensación económica del Estado. Juan José Ruiz Joya, alcalde de Almuñécar, ha aprovechado su entrevista en este medio para denunciar una reclamación que, asegura, requiere de un diálogo urgente entre administraciones: que se destinen fondos estatales para absorber los costes que genera pasar de 28.000 habitantes a casi 100.000 en solo tres meses de verano
De 28.000 a 100.000: el coste invisible del turismo de playa
El alcalde ha sido explícito al explicar la magnitud del problema: mientras que Almuñécar cuenta con una población censada de entre 28.000 y 29.000 habitantes en invierno, en verano esa cifra se multiplica por más de tres, alcanzando casi los 100.000 visitantes. Un aumento demográfico temporal pero masivo que, sin embargo, no trae aparejada una inversión estatal proporcionada.
«Cuando digo que lo soportamos los municipios, me refiero a que lo soportan los propios vecinos de Almuñécar y La Herradura», ha explicado Ruiz Joya en la entrevista. El alcalde ha detallado los gastos que esto implica: vigilancia de playas, limpieza de calles, recogida de basura, servicios de seguridad reforzados (Guardia Civil, Policía Local, Bomberos, ambulancias en distintos puntos), mantenimiento de infraestructuras y transporte, entre otros.
Todo ello, ha subrayado, con un coste que «no cobramos por ello, pero sí pagamos por ese servicio», es decir, corre a cargo exclusivamente de los presupuestos municipales.
«Hay que encontrar una fórmula que no penalice a los vecinos»
Ruiz Joya ha sido enfático: «No es justo que los municipios turísticos tengamos que soportar esos gastos». Esto, ha matizado, no significa oposición al turismo —»Recibimos a todo el mundo con los brazos abiertos»—, sino reivindicación de que «para dar el mejor servicio posible hacen falta recursos».
El alcalde ha planteado varias vías para cuantificar una compensación estatal. Entre las opciones que ha señalado están medir el impacto a través del número de camas hoteleras, el consumo de agua, las licencias turísticas, o una combinación de indicadores que reflejen el volumen real de visitantes y la presión que generan en los servicios municipales.
Un llamamiento a la unión de municipios
Lejos de plantear una batalla aislada, Ruiz Joya ha propuesto un frente común: que los municipios turísticos de Andalucía y de España se unan bajo la Federación Andaluza de Municipios y la Federación Española de Municipios para «sentarse y tener un diálogo» con el Gobierno central.
«El Gobierno nos tiene que pagar conforme a los servicios que prestamos», ha afirmado con rotundidad. Un mensaje que, indirectamente, es también una invitación a otros alcaldes de la Costa del Sol y la Costa Tropical (Motril, Salobreña, Nerja, Marbella, entre otros) a sumarse a una reivindicación que afecta a toda la región.
El dilema de los municipios turísticos
El problema que plantea Ruiz Joya es una realidad que comparten decenas de municipios costeros españoles: la masificación estival genera ingresos (a través de impuestos a comercios y establecimientos turísticos, aunque limitados), pero los costes de mantenimiento de servicios públicos crecen exponencialmente. Es una ecuación que, en la mayoría de casos, resulta deficitaria para las arcas municipales.
La solución que propone el alcalde es, en esencia, que el Estado reconozca que existe un desfase entre los ingresos que genera el turismo y los gastos que corre cada municipio para atenderlo, y que, por tanto, debe existir una transferencia o fondo específico de compensación.
«Estamos en contra del turismo»? No, «de las prohibiciones totales»
Ruiz Joya ha querido aclarar que su reclamación no responde a una postura anti-turismo. «Eso no quiere decir que estemos, evidentemente, en contra del turismo ni que haya turismofobia como en otros lugares», ha puntualizado, haciendo probablemente referencia a municipios donde el rechazo al turismo se ha expresado de formas más explícitas o restrictivas.
Lo que plantea es la necesidad de encontrar un equilibrio: recibir turismo, generar beneficio para el comercio y la economía local, pero también que esa prosperidad no recaiga enteramente en forma de impuestos y servicios sobre los vecinos residentes.
¿Hacia una negociación con la Junta de Andalucía?
El llamamiento del alcalde de Almuñécar llega en un momento en el que la administración andaluza acaba de cambiar de gobierno, con la entrada de nuevas fuerzas (PP y Vox) tras las elecciones. Aunque Ruiz Joya es miembro del Partido Popular, ha hecho hincapié en que su reclamación trasciende la política partidista: es una cuestión de ordenamiento territorial y de equidad fiscal.
Queda por ver si esta reivindicación cristaliza en una negociación formal con la Junta de Andalucía o si, como sugiere el alcalde, será necesario escalar la demanda a nivel de federaciones municipales y, potencialmente, al Gobierno central. Lo que es seguro es que el problema no va a desaparecer: mientras siga existiendo turismo de masas en las costas españolas, los municipios seguirán teniendo que elegir entre absorber unos costes insostenibles o limitar la oferta turística.
Ruiz Joya ha optado claramente por la primera opción, pero pidiendo que el Estado acompañe con recursos. Veremos si el diálogo que reclama llega.
Declaraciones extraídas de la entrevista al alcalde de Almuñécar tras las Fiestas Patronales 2026.